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Editorial de La Nación, Lunes 12 de Julio
de 2010
Matrimonio homosexual: ante una enorme
responsabilidad
Al votar un proyecto tan cuestionado, los senadores deberían seguir el
dictado de sus conciencias y no las órdenes partidarias
Con la perseverancia y el apasionamiento que suelen reservarse para la
defensa de las grandes causas, el Gobierno ha salido a intentar provocar
otra profunda división en la sociedad argentina.
Ha resuelto, en efecto, que, como si se hubiera tratado de alcanzar al fin
la victoria por la cual el peronismo hubiera luchado toda la vida, la
Argentina debe modificar las raíces del régimen matrimonial. Es decir, echar
abajo, como consecuencia de la aceptación legal del matrimonio entre
personas de igual sexo, una institución que tiene siglos de existencia.
Que varios países, representativos del cuatro por ciento de la población
mundial, lo hayan hecho no autoriza a tomar ese camino. No ha sido la
religión, sino la naturaleza la que introdujo en el sistema de valores de
innumerables civilizaciones la idea de que el matrimonio legislado por la
ley ha de ser entre un hombre y una mujer.
La cuestión que se debate hoy en la Argentina y tocará su punto culminante
pasado mañana, en el Senado de la Nación, es ajena a una desconsideración de
la homosexualidad. Tanto es así, que no existe un solo impedimento para que
un hombre y una mujer de esa tipología contraigan entre sí matrimonio por la
ley argentina, incluso para que fecunden hijos protegidos como parte del
reconocimiento de aquella condición.
El punto que se discute hoy es si la iniciativa gubernamental que se ventila
violenta o no la letra de la Constitución nacional y, en particular, entre
otros, los artículos 14 bis, de protección de la familia, y 75, inciso 23,
de amparo a los niños. De la mano de la admisión del matrimonio civil entre
personas del mismo sexo, viene en el proyecto la facultad de adopción de
personas hasta en su versión de adopción plena.
El segundo punto por considerar constituye en sí mismo, a la luz de las
experiencias políticas y sociales de momentos de cambios notables en la
humanidad, una alerta roja sobre los riesgos que se correrán en esta misma
materia en el futuro, de sancionarse la iniciativa impulsada por el Gobierno
-y, con nombre y apellido, por el ex presidente Kirchner-, respecto de la
educación pública y de la libertad de expresión. Las experiencias de la
naturaleza de la que está en debate anticipan que se provocarán, una vez
obtenido el reconocimiento legal del matrimonio de personas de igual sexo,
imputaciones jurídicas y el silenciamiento, en nombre de la noble causa de
la antidiscriminación, contra quienes persistan en opinar en contra de lo
que hoy propone el Gobierno. Sobre lo malo, lo peor.
Sobran los remedios en vigor para cubrir los sentimientos y los intereses
materiales de personas involucradas en uniones de hecho que nadie tendría el
derecho de descalificar, por pertenecer aquellos a la esfera de la intimidad
que las protege.
La Corte Europea de Derechos Humanos, foro de decisiones jurídicas
irreprochables para las corrientes propiciatorias de aquella modificación a
la ley de matrimonio, acaba de dictaminar que los países de esa organización
no están obligados al reconocimiento de éste entre personas de igual sexo;
es decir, que no caerían por eso en acto de discriminación. Todos los
tratados internacionales a los que ha adherido la Argentina y que tienen
para los argentinos jerarquía constitucional protegen el matrimonio de
acuerdo con la caracterización históricamente aceptada. La Declaración
Universal de Derechos Humanos, de 1948, dice que "los hombres y mujeres"
tienen derecho a casarse y fundar una familia.
Ningún desinterés entre los tantos manifestados por este gobierno en
relación con las instituciones de la Nación ha ido más lejos, por haber ido
más al fondo, que el haberse propuesto sacudir la institución madre, básica
entre todas, de una sociedad: la familia.
La discriminación consiste en tratar de diferente manera dos situaciones
iguales, no dos situaciones distintas. La perpetuación de la especie está en
la base del matrimonio y dos personas del mismo sexo no pueden corresponder
a ese requisito por razones antropológicas de toda evidencia. El Estado,
como se ha dicho, no regula la vida afectiva de las personas; regula una
institución que cumple una función social.
Hasta hace cuatro décadas, el matrimonio podía quebrarse por el divorcio
contradictorio. A partir de ese momento, se aceptó el divorcio por mutuo
consentimiento y, más tarde, se facultó a los divorciados a contraer nuevo
matrimonio. No hay objeciones que formular, por cierto, a esa evolución
doctrinaria y legal, pero, si se aceptara el matrimonio entre personas del
mismo sexo, ¿no sería menos hipócrita y más razonable reducirlo todo a un
mero contrato, como si se tratara de un contrato de compraventa o
arrendamiento y hasta con plazos para su vigencia? ¿Qué sentido tendría, si
no, el matrimonio despojado de su principal razón de ser?
La forma en que acaba de votarse en comisión en el Senado el proyecto en
controversia alienta a ensanchar los márgenes de la reacción que se ha
condensado en un petitorio de 600.000 personas en contra del matrimonio
entre personas del mismo sexo. Se trata de una causa sobre la cual, lo menos
que podría decirse, es que resulta temeraria por la velocidad con la que se
quieren introducir cambios sustanciales en la cultura social de la Nación.
Los cambios hormonales en la mujer durante y después de la gestación, la
doble y diferenciada afectividad del hombre y la mujer en la crianza de los
hijos y hasta la evolución psíquica de éstas, según el ámbito en el que se
desarrolle, advierten de la enorme responsabilidad que está puesta sobre los
hombros de los senadores de la Nación. No habrá disciplina partidaria o de
facción política que excuse de cumplir con tamaño compromiso social y
responsabilidad cívica.
FUENTE: LA NACION.COM
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